El problema no es privatizar a PEMEX

PEMEX

EL problema no es privatizar a Pemex o no privatizarlo. El problema es que no hay que dejarlo como está. Y no veo, en ninguno de los dos campos, propuestas concretas para evitar que se queden así las cosas.

ME gustaría que los que quieren privatizar a Pemex me dijeran cómo van a evitar que se enriquezcan sólo algunos, mientras que los mexicanos seguramente pagaremos el doble o el triple por sus servicios (como con los bancos o con la telefonía celular); cómo le van a hacer para evitar que el cabildeo de "alto rango" (como el de los ingenios azucareros) se atribuya las mejores proyecciones y le deje al Estado las peores; y sobre todo, cómo le van a hacer para que ese bien elemental, que es de todos, se transforme en bienes y servicios del Tercer Milenio, etc. etc.

PERO a su vez, me gustaría que los contrarios a la privatización me señalaran cómo le harán para acabar con el sindicato charro, para recuperar (rápidamente) el atraso tecnológico, para combatir las ordeñas clandestinas (y las ordeñas por obra de la delincuencia organizada), y, también a ellos les pregunto, cómo le van a hacer para que ese bien elemental, que es de todos, se transforme en bienes y servicios del Tercer Milenio, etc. etc.

MIENTRAS no respondan a estas preguntas, seguiré pensando que lo que interesa a los políticos y a los empresarios, de izquierdas o de derechas, es ver quién se queda con el pastel.

 

LO curioso es que hay pastel para todos, pero los políticos y los empresarios quieren la mayor tajada y, en México desgraciadamente, están acostumbrados a quedarse con la única tajada (ver historias de monopolios y de famas).

 

Leemos en algunas leyes estatales:

Baja California:

El Estado Libre y Soberano … “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida.” (art. 7)

(CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA)

San Luis Potosí

“ARTICULO 16.  El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de  todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento  de su inicio en la concepción. Queda prohibida la pena de muerte, la cual no podrá aplicarse  en ningún caso.  (ADICIONADO, P.O. 03 DE SEPTIEMBRE DE 2009)  No  es  punible  la  muerte  dada  al  producto  de  la  concepción,  cuando  sea  consecuencia  de  una  acción  culposa  de  la  mujer;  el  embarazo  sea  resultado  de  una  violación  o  de  una  inseminación indebida; o de no provocarse el aborto  la mujer corra peligro de muerte.  (ADICIONADO, P.O. 20 DE NOVIEMBRE DE 1996)”.

Hace cerca de un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no consideró pertinente invalidar las reformas constitucionales de los Estados de Baja California y de San Luis Potosí que protegen la vida desde que el individuo es concebido. Y aunque haya sido sólo porque faltó la mayoría cualificada de dos terceras partes de los jueces, el hecho es que esto es ya un buen signo del respeto por el sentir del pueblo llano y por el federalismo. De hecho, la regla aplicada en este caso de la mayoría cualificada de dos terceras partes de los miembros de la SCJN está determinada por motivos de respeto a los Estados “libres y soberanos”. Y no es la primera vez que en regímenes mal llamados “liberales” el hecho de que el pueblo haga sentir su voz logra revertir las medidas “progresistas” que desatienden la vida o la religión.

Pero ¿en qué medida ese respeto democrático manifestado por la SCJN es también respeto por la vida y por los derechos de todos los seres humanos desde su concepción? Eso nos lo dirá el futuro. Pero, podremos ver ya dentro de algunos años si el número de abortos ha disminuido, es decir si aumenta el porcentaje de embarazos que son llevados a feliz término en el nacimiento de un niño o una niña.

Para lograrlo y revertir el actual estado de cosas, no basta proclamarse en contra del aborto: es necesario, además, adoptar e incentivar políticas que defiendan la vida. Y en ese sentido, hay mucho que hacer. No tanto en el aspecto penal, que ya varios códigos estatales establecen penas severas para quienes no respetan la vida del concebido, sino en otros muchos ámbitos que aquí quisiéramos señalar sumariamente.

Sobre la base del reconocimiento constitucional se podrán establecer políticas socialesque hagan realidad el respeto a la vida desde el momento de la concepción. Más que penalizar a las mujeres que abortan, por voluntad  propia u obligadas a ello por sus parejas o sus familiares (y a este propósito, en los códigos penales de BC y de SLP se reconocen excepciones que justificarían la interrupción de los embarazos), hay que promover una atención POSITIVA a la vida.

Es decir, el Estado tiene que promover políticas sociales en dirección del reconocimiento del rol de la familia y en especial de la mujer en la educación, con ayudas de varia naturaleza que pueden venir del Estado y de la sociedad.

El Estado y la sociedad pueden:

1. Poner atención especial a las gestantes y a sus cónyuges (un buen programa podría ser el de sensibilizar a todo el personal médico y paramédico sobre la situación especial que viven las parejas que están esperando un hijo, sobre todo si son primerizas).
2. Incentivar y crear infraestructuras para la atención de los niños, desde cunas y guarderías, hasta parques de juego cerca de las habitaciones familiares, tránsito sin barreras para que las “carrozas” con niños puedan pasar, tráfico vehicular a paso de hombre, etc.
3. Otorgar y reconocer apoyos económicos que compensen el mayor gasto de las familias por el hecho de acoger un nuevo miembro (de esa familia y de la familia humana): compensaciones que pueden ser cheques mensuales por cada hijo, o deducciones por gastos en la cria y educación de los hijos, o facilidades en los seguros sociales como el seguro popular (¡bravo Felipe!), etc.
4. Reconocer socialmente el trabajo que se hace en favor de las familias numerosas, como pueden ser facilitaciones a las Organizaciones de la sociedad civil que apoyan a los menores y a sus familias, deducibilidad de los gastos empresariales para guarderías, etc.
5. Facilitar que las mujeres con hijos puedan desarrollarse al mismo tiempo profesionalmente y maternalmente: por ejemplo con la introducción de horarios flexibles en el lugar de empleo (no sólo la hora para la lactancia sino para quienes tengan hijos en edad de la primera infancia o pre-preescolar), reconocimiento oficial de las competencias adquiridas en dirigir una economía familiar (por ejemplo, aumento del puntaje de las mamás que se inscriben en el Servicio profesional de carrera, sobre todo como maestras, por tener “experiencia directa en la educación y en el manejo de realidades económicas”), etc .

Considero que quienes se oponen a este tipo de políticas, merecen el nombre de pro-abortistas; independientemente de lo que digan sobre las penas que quieran imponer a las gestantes.

Más orillan al aborto la falta de soluciones sociales y la negligencia en el actuarlas, que prevenirlo las amenazas inscritas en los códigos penales.

Podemos añadir que se también se defiende la vida con un:

Trabajo de prevención a favor de la vida:

1. Educación sexual adecuada y temprana (no “precoz”) que responda a la situación de exacerbada sexualidad que enfrentamos hoy tanto en los medios de comunicación como en las prácticas de las parejas adultas (esas que deberían ser ejemplo para los jóvenes).
2. Responsabilización de los padres y los maestros sobre dicha educación.
3. No confusión de los roles de la familia, la Iglesia y el Estado en dicha educación, pero con adecuada subsidiaridad si se da el caso.
4. Búsqueda del máximo denominador común entre todos los que se dicen y declaran defensores de la vida, incluyendo a todos aquellos que aceptan o toleran la no penalización del aborto. En este sentido, la mejor defensa de la vida pasa por el diálogo con todas las personas de buena voluntad.

Y con la

 Denunciar de las políticas contrarias a dicho valor

Hay que decir un NO rotundo a la pena de muerte. No hace mucho, un partido político nacional propuso repristinar la pena de muerte. A parte la actitud demagógica, esa propuesta implica subordinar el valor de la vida que se dice defender a los resultados electoreros y proyectos de poder.

Más sobre la verdad y la mentira en política

A propósito de la verdad en política, se presentó recientemente el caso de un spot propagandístico del PAN en el aparecía López Obrador haciendo declaraciones a favor de la violencia como método para obtener el poder. El pedazo que los publicistas del PAN reprodujeron en ese video está tomado de un discurso en el cual AMLO sostiene lo contrario.  Se trata del caso, típico en una sociedad en donde los valores fundamentales de la democracia están menguando, de acusar a un político de decir exactamente lo contrario de lo que afirma.

La incongruencia fue hecha notar, por periodistas distinguidos de ese partido, a los encargados de la campaña de Josefina Vázquez Mota, a quienes se les solicitó que “bajaran” el spot, pues iba en contra de los principios de veracidad y causaba detrimento de la imagen de honestidad de la candidata. Me consta que la respuesta de éstos fue que no importaba, y de hecho mantuvieron ese spot en onda hasta que la autoridad electoral los obligó a quitarlo.

Me duele tener que llegar a la conclusión de que el partido, que durante años se declaró por la honestidad y por la lucha a la corrupción, haya llegado a tal grado de cinismo. El hecho de que esa especie de maquiavelismo (por demás ingenuo) vaya ganando terreno en el partido “de inspiración humanista” no me ayuda a ver con optimismo el futuro de la democracia en mi país.

NOTA: Puede ser que la expresión “maquiavelismo ingenuo” sea un oxímoron, per responde a una triste realidad de transformación de lo mejor en lo peor: optima pessima corruptio.

La radicalización de los gobiernos de izquierda

Algunos politólogos (como Norberto Bobbio, por ejemplo) han intentado redefinir la clasificación de "izquierda y derecha", declarándola poco eficaz en politología. Sin embargo, la distinción sigue siendo funcional en la política real, ya que partidos y candidatos en muchos países usan los términos “izquierda” y “derecha” para sus campañas. Es el reciente caso en Francia, donde François Hollande combatió desde la izquierda a Sarkozy y, gracias a que su propuesta se denominó precisamente "de gauche", pudo coaligar en torno a su candidatura diversas formaciones políticas y ganar así las elecciones el mes pasado. Hollande llamó a votar por él incluso a aquellos ciudadanos "de izquierdas" pertenecientes al Frente Nacional.

Ahora, lo interesante es que en su gabinete, que tiene apenas un mes, Hollande ha puesto personajes que ya le están provocando algún dolor de cabeza, pues éstos han ido radicalizando las propuestas de acción política del nuevo gobierno francés a pesar de la clara indicación del presidente a sus ministros de que fueran disciplinados y ejemplares y de que no le hicieran ruido. Por ejemplo, la Señora Cécile Duflot, ministra de la igualdad de los territorios y de la vivienda, ya propuso la liberalización del cannabis. Mme. Duflot tuvo que explicar que cuando se pronuncia a favor de la marihuana, lo hace en tanto que “secretaria nacional de Europa Ecología” y tuvo que aclarar, además, que ésa “no es la posición del Gobierno”.

A la radicalización dentro del gobierno, corresponden otras tomas de posición externas como las del periodista francés Thierry Jaillet (quien durante la campaña electoral se había pronunciado en favor de Hollande llamándolo el "presidente moral"). Este periodista, que se dice católico, lamenta que "su" Iglesia no pueda aceptar las propuestas radicales que “seguramente” hará el nuevo gobierno sobre el reconocimiento de los llamados "matrimonios" entre homosexuales o sobre la adopción de niños y niñas por parte de éstos ("Le mariage homosexuel libère l'Église", Le Monde, 5 junio 2012).

Eso de la radicalización de los gobiernos de izquierda no es nuevo. Se pudo ver ya, por ejemplo, en Chile a principios de los años '70, en donde el gobierno de Salvador Allende fue constantemente rebasado por la izquierda hasta que, en septiembre de 1973, el golpe militar puso fin a la ingobernabilidad y le quitó el mando y la vida (y de paso mandó al destierro, cuando no a la cárcel o al paredón, a la democracia chilena).

Y es que los candidatos de izquierda, para ganar las elecciones y formar gabinetes, necesitan del apoyo de una vasta gama de movimientos y partidos, los cuales no necesariamente tienen como visión la gobernabilidad y el mantenimiento de las instituciones democráticas. Antes bien, piensan que un gobierno de izquierdas tiene la obligación de llevar a cabo reformas radicales, sin importarles que el mismo gobierno que dicen apoyar se vaya debilitando y pierda el consenso de otras fuerzas que quizás también los ayudaron a acceder al poder, como fue el caso con la Democracia Cristiana chilena. La historia, dicen los extremistas, está llena de "idiotas útiles".

Así, radicalizaciones y fugas hacia adelante parecen ser constantes en los gobiernos de izquierda. Y es que, ante la desesperación por lo lento de las reformas, nace la tentación de la dictadura (individual o “del proletariado”) y la del totalitarismo. En esta tentación pueden caer personas cercanas a los gobernantes y, a menudo, los gobernantes mismos. Este último es el caso de Venezuela, en donde la tentación totalitaria se está expresando y llevando a cabo por el mismo presidente de ese país.

Una cosa semejante podría suceder en México, en donde tenemos un candidato que, desde su postulación, se ve apoyado por tres diferentes partidos de izquierda (PRD; PT y "Convergencia") y por un movimiento (MORENA). Ese mismo candidato ya está diciendo que va a dar puestos a personajes de tendencias diversas en su futurible gabinete (¿quizás si será, una vez más, "legítimo"?). ¡Claro! La única posibilidad real de que llegue al gobierno es que muchas fuerzas de la desperdigada izquierda se le unan en la esperanza de tener cada una su cachito de poder y de aprovecharlo para radicalizar al mismo gobierno. Y ello podría suceder en rubros tan diversos como la economía, la escuela, la salud, los medios, la moral, etc.
Un ejemplo de lo que podría ser la radicalización de la izquierda lo tenemos con la CNTE y los desmanes que han producido en estos días. No es un secreto para nadie que esa formación apoya a AMLO y que, en caso de un gobierno de izquierdas, haría parte de su gobierno, directa o indirectamente. Lo que pudiera suceder con la educación, lo dejo juzgar al lector.

En el caso de un gobierno de izquierda en nuestro país, lo que sucedería, y no es pura fantasía, es que asistiríamos a un proceso de radicalización que pondría en crisis la legitimidad constitucional y anegaría el consenso político. En esa eventualidad, sin embargo, no está claro si la radicalización vendría del mismo presidente o de otras personas y movimientos. Eso dependería de lo que el filósofo francés Jacques Maritain llamaba "temperamentos de gobierno": un temperamento de derecha tiende a preferir la injusticia al desorden, mientras que un temperamento de izquierda, idealista, prefiere el no-ser a lo que existe. El problema, como señala ese mismo filósofo, está en que nada excluye que al frente de un gobierno de izquierdas esté una persona cuyo temperamento es de derechas. Un caso citado por Maritain es el de Lenin, lo que dio pie al francés para concluir que “no hay revoluciones más terribles que las revoluciones de izquierda llevadas a cabo por temperamentos de derecha” (El campesino del Garona, cap. II).

En caso de ganar las elecciones, López Obrador tendría que escoger entre tres opciones: a) verse en la necesidad de poner freno a sus compañeros radicales, lo que sería inmediatamente definido por éstos como “reacción”, con el riesgo de que lo obliguen a volverse cada vez más severo con ellos; b) optar, al contrario, por volverse un gobernante consenciente y débil frente a quienes rebasarán los límites de la legalidad; c) última y más drástica posibilidad, asumir él mismo los excesos ilegales considerándose él estar por encima de la ley, con todas las consecuencias del caso. De cualquier manera, frente a la radicalización de la izquierda, Andrés Manuel tendría que enfrentar la cuestión “amlótica”, es el caso de decirlo, de “ser o no ser” un tirano.

De la verdad y la mentira en las campañas políticas

"Todo el mundo tiene su verdad, solamente que ligada a la de los demás" (Mounier).

Perdone el lector si, antes de abordar el tema de la verdad en las campañas políticas me detengo un poco en consideraciones de epistemología. Definir la verdad (según la tradición de la Philosphia perennis) como “adecuación entre la realidad y el intelecto” da lugar a diversas consideraciones:

Primera: una afirmación o “proposición” (sujeto y predicado) es verdadera si es adecuada a la cosa real a la que se refiere (es decir a una cosa y a una propiedad de la misma cosa). Por ejemplo: la afirmación “Pedro es mortal” es verdadera si el atributo expresa una característica real, la de poder (o deber) morir, de ese hombre llamado Pedro. Decir lo contrario es un error y decirlo a sabiendas de que es un error, constituye una mentira.

Segunda: sin embargo, cada afirmación corresponde a un estado complejo de la inteligencia, es decir al conjunto de presupuestos y razonamientos al interior del cual se produce dicha afirmación. Decir que “Pedro es mortal”, corresponde y “es adecuado” al conjunto de eventos de la realidad: es el resultado de un conjunto de consideraciones sobre la realidad de este mundo perecedero; sobre la finitud de la vida humana; sobre la composición ontológica del espíritu o alma de Pedro que, a pesar de su carácter espiritual no es lo bastante fuerte como para asegurar indefinidamente su sobrevivencia; sobre el hecho de que las células del cuerpo de Pedro tengan un envejecimiento programado por sus mismos cromosomas (ver telómero), etc. etc. Ahora bien, en esta segunda perspectiva, la verdad de una afirmación no depende exclusivamente de su “adecuación inmediata” a una realidad (como si tuviéramos el control exhaustivo de dicha realidad), sino del conjunto de las otras afirmaciones de las cuales sin embargo, creo, nadie tiene el control total. Por ello, cada quien tendrá seguramente su verdad pero esta va ligada, necesariamente a la de los demás: en el caso de la finitud de Pedro a la verdad de los filósofos, estoicos o existencialistas, a la de los biólogos celulares, a la de lo sociólogos estadísticos, etc. etc. En todo caso, espero quede claro que la verdad de una afirmación depende no sólo de consideraciones del lugar y la hora en la cual se da un hecho, sino además tanto del conjunto de circunstancias en el cual el hecho se produce como del contexto interpretativo en la cual dicha afirmación se presenta.

Tercera: la verdad en política es una verdad práctica, es decir que la afirmación que se propone depende, para su construcción, no sólo sobre el estado específico de dicha afirmación (por ejemplo, si se cumplió o no una promesa específica de campaña, si se terminó la construcción del puente vial o no) y de su inserción en el conjunto de hechos actuales, sino que se debe ver esto en la perspectiva, más general, de saber si la argumentación de “lo ya hecho” se acuerda con, y es adecuada a, la propuesta que se está haciendo de construcción del país y del bien común. Por ello me parece ingenuo y hasta ridículo, discutir bizantinamente sobre si cada una de las mil y una promesas de la pasada campaña se cumplieron (o si las de la presente campaña se van a cumplir una por una). Más interesante sería saber qué idea, qué programa de país traen los candidatos políticos.

En este sentido, el hecho de que cada quien proponga su verdad y vea una parte o más bien subraye la parte que ve de preferencia sobre otras, no nos debe hacer olvidar que la verdad tiene que corresponder a un conjunto de hechos y de prospectivas de acción que tienen que tomar en cuenta a los demás actores políticos.

Concluyendo estas consideraciones podemos decir que la verdad en política tiene que contemplar los hechos, y la articulación de los hechos, junto con las propuestas de políticas públicas y la articulación de las mismas.

Así, para lo primero, si se habla de promesas de campaña hechas en una entidad federativa y que, para el cumplimiento de ellas se contó con el apoyo del gobierno federal (por ejemplo la construcción de vialidades como carreteras y puentes), la verdad consiste en decir que se cumplieron gracias al compromiso de los gobernadores y al apoyo del gobierno de la República. Decir otra cosa sería mentira.

Para lo segundo, uno se pregunta cómo se puede considerar seria una propuesta de gobierno si no se toma en consideración la factibilidad de la misma en un contexto de diferenciación de fuerzas y propuestas políticas (diferenciación que por fortuna se ha dado en México, después de los setenta años de totalitarismo corporativista). Para que dicha diferenciación no se transforme en dispersión, es necesario que los políticos tengan una visión de “bien común”, por realizar precisamente en común con los demás actores políticos.

Sobre esto último cabe considerar que nadie en este país puede llevar a cabo (“cumplir”) su programa de país sin el apoyo de las otras fuerzas, pues precisamente, cada quien tiene su verdad, pero ligada a la de los demás. Y como se trata de una verdad práctica, sería bueno que los candidatos hablaran claramente sobre si piensan gobernar solos o si no consideran mejor gobernar con los otros actores políticos: si lo piensan hacer en coalición* o si, al menos, con "agendas de acuerdos políticos" y no, como desgraciadamente se vio en estos últimos meses, de “desacuerdos programados” en vista de sacarle raja a las próximas elecciones.

* NOTA: ver mi blog “A propósito de coaliciones”, del martes 11 de octubre de 2011.

Reelección y separación de poderes

Se está discutiendo mucho si la reforma política en México debe contemplar la posible reelección de legisladores. Incluso se dan estadísticas de diputados y senadores, que una y otra vez “regresan” a las cámaras, después de los tres o seis años de asueto durante los cuales, imagino, se van a disfrutar de lo que lograron en su “año de Hidalgo”.

Pero creo que no está bien puesto el problema de decir sí o no a la reelección inmediata de diputados y senadores.

El fondo del problema de la reelección o no reelección de legisladores estriba en la falta de una efectiva separación de los poderes del Estado. 

No cambiará nada mientras los diputados puedan utilizar su poder para torcerle la mano a los ejecutivos (municipales, locales o federales) y obligarlos a atender de manera PRIvilegiada (es decir de manera PRIvada y no según las normas de derecho público) las necesidades de sólo una parte de los ciudadanos (y no de todos).

Y da lo mismo si el diputado que sigue es otro o es el mismo de antes, pues en realidad el diputado de turno determinará el voto sucesivo de sus representados en favor del candidato de su partido o de su tribu o, PEOR, de sí mismo para continuar a lucrar con las necesidades de sus representados.  Si no hay verdadera separación de poderes, NO cambiará nada.

¿O a poco de veras creen que los ciudadanos se van a estar preguntando si el legislador de su distrito hizo bien su chamba legislativa? No, mientras los legisladores tengan el poder de chantajear a los ejecutivos, mientras persista esta confusión de poderes, los ciudadanos seguirán sujetos a las seducciones de sus diputados quienes les prometen acceso a reivindicaciones y PRIvilegios. Y votarán por quien les garantice más PRIvilegios.

El tema actual de las "tarjetas de campaña" lo muestra de manera lampante: todas las tarjetas que se reparten en las campañas dicen algo así como "esta tarjeta es válida para ti, ciudadano, que me apoyaste en mi elección; con ella vas a tener PRIvilegios". Me gustaría, en cambio, ver una tarjeta en la cual el candidato prometa que lo que los ciudadanos van a obtener votando por él es: seguridad para TODOS, justicia social y equidad para TODOS, transparencia y sana gestión de la cosa pública para TODOS, Estado de derecho para TODOS, etc.

No quiero decir con esto que los diputados no hagan bien en hacerse portavoz de las reivindicaciones de sus representados, pero tendrían que volver siempre a su rol, que es el de legislar en favor de TODOS los ciudadanos y de hacer que esas leyes se respeten y valgan para TODOS. Y que se deje la gestión de reivindicaciones particulares a otras figuras como el Ombudsman o las Comisiones de Derechos Humanos. Cada quien su chamba, ¿no? 

Ya de paso. Se dice que quienes gobiernan son los partidos: y efectivamente es así, quienes van a las cámaras no son los que el pueblo elige, sino quienes son elegidos por las cúpulas, tanto para las candidaturas a elección popular como para las diputaciones "plurinominales". Incluso en partidos en donde la elección de candidatos se hacía tradicionalmente por la base, ahora se están haciendo "por designación" desde las cúpulas; o, como en el caso de "Juanito", por el caudillo de turno.

A propósito de coaliciones

El senador y ex–gobernador Beltrones habla de una “coalición nacional” en la cual el PRI sería el mayor representado; el también ex–gobernador Moreira, y ahora presidente del PRI, dice que su partido no necesita de una coalición para gobernar (aunque ya la están haciendo con los “niños verdes”). Lo que el PRI teme, en verdad, es una eventual coalición entre el PAN y la izquierda pues ello le cerraría el camino que él mismo se trazó para volver a Los Pinos. Por eso, frente a una propuesta clara de coalición democrática, el PRI echa humo y confunde los términos.

Hay que decir que los primeros que hablaron de coalición fueron el PAN y el PRD para las candidaturas a algunos gobiernos estatales, candidaturas conjuntas y opuestas al PRI. Felipe Calderón ventiló también una eventual candidatura de coalición, incluso con algún candidato externo al PAN, para las elecciones presidenciales del año próximo y evitar así que el PRI vuelva al gobierno federal (aunque en realidad no es que el PRI haya abandonado el poder federal: todavía quedan muchos altos funcionarios de las generaciones de Salinas y Cedillo en puestos claves). Pero no se trata sólo de “atajarle” el camino al PRI: se trata de crear un gobierno que, con fuerza en todas las regiones de la República (lo que le falta al PRD) y con base en todos los estratos de la población (en lo que el PAN es carente), quiera enfrentar los problemas políticos y sociales que siguen siendo la asignatura pendiente en nuestro país. Ya que en México, cualquier política pública tiene que ser una política “social”; incluso las políticas de seguridad contra el crimen organizado: si no tienen mordiente en la situación social, están destinadas al fracaso.

Por ello es importante evitar que regresen al gobierno federal los que propiciaron ese crecimiento, que fue exponencial, del crimen organizado, de la corrupción política (y no sólo moral), de las grandes desigualdades y del deterioro ambiental.

Por ello la importancia de una candidatura conjunta o de coalición. La cual no sería una coalición "de todos los partidos", sino sólo de quienes no quieren que 70 años de opresión se repitan y que desean recuperar el proceso de democratización que la actual coyuntura política ha frenado.

Concretamente: ¿qué podría ser una coalición que quiera conservar o recuperar lo que se logró en el proceso de democratización de los años 90 y 2000? Tendría que ser una coalición capaz de conjugar la doctrina y principios sociales con programas concretos de mejora y equidad para las clases no favorecidas. La izquierda tiene programas sociales, incluso con objetivos educativos de respeto de las diferencias religiosas. El PAN tiene principios y programas que, a veces, se han traducido en plataformas de marcado carácter social. Una coalición es posible sólo si, con respeto unos de otros, sumamos ambas competencias. Pero para ello se tendrían que conjugar varias cosas: un decidido regreso del PAN a sus fuentes de inspiración en la doctrina y los principios, lo que significaría el abandono de políticas de “marketing” electoral; mientras que la izquierda tendría que preguntarse honestamente si todas su propuestas corresponden al sentir del pueblo mexicano, y si no es así, ¡pues a cambiarlas!

¿Candidatura de coalición? Solo con reglas claras y consensadas sobre los objetivos de una plataforma social incisiva y respetuosa de nuestras sensibilidades y sobre las modalidades en la atribución de las responsabilidades de gobierno. ¿Utopía?  Quizás. Pero en todo caso:

¡Coalición sí, confusión no!